El abogado Pablo Llonto, querellante en causas de lesa humanidad, aseguró que los dirigentes políticos que promueven el negacionismo respecto a los crímenes de la última dictadura cívico militar “intentan dar una pelea que tienen perdida” y advirtió que en el caso particular de los candidatos a presidente y vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei y Victoria Villarruel, buscan amplificar la ‘teoría de los dos demonios’, “que nunca se ha ido”.
En una entrevista con Télam, Llonto describió al postulante a la Presidencia por La Libertad Avanza y a su compañera de fórmula, la titular del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), como dos “personajes irracionales”.
El abogado también aludió a la polémica por la cifra de los 30.000 desaparecidos enarbolada como bandera por el movimiento de derechos humanos, discusión que buscó reinstalar hace seis años el exfuncionario delarruista Darío Lopérfido en lo que le valió un recordado cruce en la televisión con el escritor Martín Kohan.
Sobre ese tema, Llonto afirmó que los negacionistas “intentan dar una pelea que tienen perdida, porque si quieren discutir los números para eso está la Justicia, y en la Justicia se está demostrando que la cantidad de personas que estuvieron en la Argentina alguna vez en situación de desaparición forzada son más de 30.000”.
“Esa es la cuenta que va a dar cuando terminen los juicios (de lesa humanidad)”, vaticinó.
El abogado resaltó asimismo que en las alrededor de 300 sentencias dictadas en materia de derechos humanos desde el Juicio a las Juntas del año 1985, pero sobre todo en los últimos veinte años, el Poder Judicial viene planteando que el Estado no podía actuar de la manera que actuó durante el terrorismo estatal, con centros clandestinos, grupos de tareas, detenciones ilegales, torturas y desapariciones.
“El Estado no puede hacer lo que hizo y quienes lo hicieron, a sabiendas de que lo que estaban haciendo era ilegal, deben ser sancionados”, insistió, y añadió: “En el mundo hay 26 países que han hecho juicios por delitos de lesa humanidad o los están haciendo en este momento. Esa es la evolución favorable que ha tenido el Derecho internacional de los derechos humanos en todo el mundo”.
En otro tramo del reportaje, realizado en el espacio de grabación de la agencia pública, Llonto hizo hincapié en la reacción social que frenó algunas sentencias que intentaron favorecer la situación de los condenados por delitos de lesa humanidad, como el fallo del ‘2×1’ emitido por la Corte Suprema.
“La sociedad, mayoritariamente, se expresó en contra, pero también el Poder Legislativo, porque casi la totalidad de los diputados, menos uno, y la totalidad de los senadores en aquel momento, el año 2016, votaron una ley que establecía claramente que no se debe aplicar el beneficio del ‘2×1’ a los autores de crímenes de lesa humanidad”, valoró.
Y agregó: “Creo que ahí (por la respuesta social al fallo de la Corte) se vio reflejada la fortaleza de la sociedad argentina en la defensa de los derechos humanos”.
Llonto, en ese punto, consideró que la población argentina posee como herramienta principal para construir memoria “el reclamo de justicia”, una demanda que se extiende sobre no sólo los crímenes llevados a cabo durante la última dictadura cívico militar sino también a los hechos que no fueron condenados, como los fusilamientos de 1956 en José León Suárez tras la autodenominada Revolución Libertadora.
“Esto va también para lo ocurrido durante la ‘Revolución Fusiladora’. Hace poco tiempo, se inició en (el municipio de) San Martín la causa para dar con los responsables y, si no los hubiera vivos, por lo menos para que se haga un juicio por la verdad que determine quiénes fueron los responsables de los fusilamientos tras aquel golpe contra Perón”, señaló.
Aparte del pedido de justicia, Llonto consideró que otra herramienta clave para seguir construyendo memoria es la militancia.
“Un camino es la justicia y el otro camino es la múltiple militancia durante décadas y décadas de gran parte de la sociedad (…) No solo con actos, con libros, con documentales, con baldosas, con señalizaciones, con charlas, con películas; es decir, con la mayor cantidad de acciones posibles”, puntualizó.
Y añadió: “Argentina ha tenido mucha inventiva en ese sentido y es un país que se puede sentir orgulloso de la cantidad de organismos de derechos humanos que tiene y que crecen. Casi en cada rinconcito encontrás una comisión de Derechos Humanos, una Comisión por la Memoria. Es gente que, por su lado, se agrupó por gremio, por barrio, por tipo de actividad, por fútbol”.
Sobre este proceso que surge desde las bases, Llonto puso el foco también sobre un fenómeno surgido en la Argentina en los últimos años y que consiste en que “una gran cantidad de clubes de fútbol formaron su subcomisión o comisión por la Memoria y están homenajeando a sus hinchas desaparecidos o recuerdan cuestiones que pasaron mucho antes de la dictadura”.
“Lo que no hay que hacer es dormirse sobre los laureles y creer que está todo hecho. Se ha ido pasando la posta, ya quedan pocas Madres (de Plaza de Mayo), así que ahora la tarea es nuestra y también de las juventudes, que creo van tomando este tema”, reflexionó.
En cuanto a los discursos que intentan instaurar la ‘teoría de los dos demonios’ como narrativa para explicar la última la dictadura, Llonto convocó a “contestar” y “dar respuesta”.
“Hay que contestar, hay que dar una respuesta”, exhortó, y dijo que esa réplica por parte de la sociedad es necesaria pese a que quienes enarbolan los discursos que igualan las acciones del Terrorismo de Estado con las cometidas por organizaciones civiles sean pocos en términos numéricos.
“Después de veinte años (de reiniciados los juicios, tras las nulidad de las llamadas leyes de Impunidad), la situación se convierte en preocupante. Después se convierte en grave”, advirtió.
En esta línea, sostuvo que Villarruel, segunda en la fórmula presidencial de LLA, “quiere aprovechar la campaña electoral para salir con un discurso que oculta la verdad de lo que pasó”.
Para Llonto, la abogada ligada a militares retirados “no va a decir que torturaron, que secuestraron, ni dónde están los 300 niños y niñas apropiados (que faltan encontrar). Eso no lo va a decir, entonces lo tenemos que decir nosotros”.
En cuanto a si la Argentina necesita una ley específica contra el negacionismo, Llonto consideró que en la actualidad circula ese debate en el movimiento de derechos humanos, con un sector que, efectivamente, “opina que hace falta una ley para sancionar discursos negacionistas”.
“Yo soy partidario de que con lo que tenemos alcanza”, se diferenció, en referencia a la legislación vigente que se puede aplicar en esos casos.
Y recordó que en el Código Penal se castiga la apología del delito y que con esa figura es suficiente: “Tenemos, además, una normativa que sanciona y pone penas más graves para quienes cometen delitos por cuestiones de odio racial, odio político, discriminación, que fue sancionada en el gobierno de (Raúl) Alfonsín”.
Respecto a los juicios por delitos de lesa humanidad, el abogado advirtió sobre la falta de celeridad de las causas al señalar que vienen “lentas”.
“Todos los días hay juicios. Hay días en que hay tres juicios de lesa humanidad. Hablo en todo el país, pero a veces se dan circunstancias acá en Capital o en el Gran Buenos Aires, en las que hay tres audiencias un mismo día, no una a las 9, otra a las 11, otra la 1 (de la tarde)”, observó a modo de crítica.
Y en ese sentido, advirtió que aunque a veces dé la impresión “de que los juicios (de lesa humanidad) avanzan aceleradamente”, lo que sucede en realidad es que “van a ritmo de una audiencia por semana, a veces con suerte dos audiencias por semana, pero eso es la excepción”.
“La regla es una audiencia por semana o una audiencia cada quince días, con lo cual hay juicios que duran tres años, cuatro años”, lamentó, en alusión implícita a la edad de los acusados y al riesgo de que ocurra lo que algunos organismos de DDHH definen como ‘impunidad biológica’: que los autores de crímenes imprescriptibles mueran sin condena.
Para Llonto, los responsables de la falta de celeridad en los juicios de lesa humanidad tienen nombre y apellido: “Son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo el presidente de la Corte (por Horacio Rosatti), que no ha hecho nada desde que es presidente para tomar decisiones que permitan acelerarlos”.
Además, el abogado recordó que a raíz de la cantidad de juicios de lesa humanidad que se abrieron en el país en el año 2010 se estableció que la Corte Suprema debía conformar una comisión, la llamada Comisión Interpoderes, para planificar, coordinar y darle velocidad a la gestión procesal esas causas.
“Eso con Rosencrantz nunca ocurrió”, remarcó, y sostuvo que esa fue una de las razones por las cuales él mismo se presentó como denunciante en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la que uno de los acusados es Rosatti como cabeza del máximo tribunal.
“Se va todo el 2023 y (Rosatti) no convocó a la Comisión Interpoderes, cuya única función es tomar medidas para acelerar los juicios de lesa humanidad. Llevamos 20 años desde que se reabrieron los juicios en el 2003 y calculamos que hay un 60 por ciento de víctimas que todavía no han tenido juicio oral: son miles y miles de casos”, denunció para finalizar la charla.
(Por Eva Moreira, especial para Télam).-
Fuente Télam