La Fiscalía de Guatemala anunció hoy que pedirá dejar sin fueros al presidente electo, Bernardo Arévalo, por el caso de una ocupación de una universidad en 2022, después de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por el socialdemócrata para frenar las acciones que considera son parte de un “golpe de Estado en curso” para evitar que asuma el poder en enero.
“El Ministerio Público presentará los antejuicios contra los señores César Bernardo Arévalo de León” y la vicepresidenta electa Karin Herrera para privarlos de sus fueros, dijo el fiscal Saúl Sánchez en conferencia de prensa.
Los supuestos delitos son depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala había rechazado anoche el recurso presentado por el mandatario electo en agosto para frenar las acciones de la Fiscalía.
“Por unanimidad se deniega en definitiva el amparo” solicitado por Arévalo, informó el asesor de la Corte Suprema, Leonel Marroquín, en un video entregado a periodistas.
El opositor Arévalo, de 65 años, había solicitado el 18 de septiembre al alto tribunal dejar sin efecto todas las actuaciones del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su partido Semilla, y en su lugar procesar a la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras.
La petición también abarcaba al fiscal Rafael Curruchiche, que dirigió allanamientos a oficinas del TSE y al juez Fredy Orellana, que ordenó la suspensión de Semilla por supuestas irregularidades en su conformación en 2017.
Los tres funcionarios son considerados por Estados Unidos como personajes “corruptos” y “antidemocráticos” y desde 2021 les prohibió el ingreso a su territorio.
El socialdemócrata Arévalo, que se impuso el 20 de agosto en segunda vuelta, sostiene que las acciones contra su partido obedecen a un “golpe de Estado en curso” por el temor de las élites a su promesa de combatir la corrupción.
“Se entiende que sí son acciones que van de alguna manera concatenadas al golpe”, dijo la diputada electa de Semilla, Andrea Reyes, en referencia al rechazo del amparo.
Reyes agregó que aún tienen pendientes que se resuelvan otras acciones contra los funcionarios judiciales, entre ellos pedidos para que se les levanten los fueros.
Antes del anuncio de Sánchez sobre los fueros, la Fiscalía había allanado varias residencias para detener a una treintena de docentes y estudiantes universitarios, incluida una aliada de Arévalo por la ocupación de 2022.
Según el sitio del diario Prensa Libre, fueron 31 los allanamientos y entre los afectados está la excandidata a diputada del Movimiento Semilla Marcela Blanco, el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas y el abogado Ramón Cadena.
Blanco aseveró en un mensaje por video publicado en la red X que el Ministerio Público impuso una orden de captura en su contra.
“Yo soy ciudadana, soy pueblo, y me están haciendo esto a mí por hablar en contra de la corrupción”, denunció.
En su defensa, Arévalo consideró que las acciones de la Fiscalía “son espurias e inaceptables”. “Exigimos respeto a la seguridad e integridad de Marcela Blanco y cualquier otro integrante del partido sometido a estos abusos”, afirmó.
Por su parte, la bancada del Movimiento Semilla evaluó que los allanamientos fueron “un acto para atemorizar al pueblo de Guatemala”.
“Las acciones criminales del MP y todos aquellos que las respaldan son parte de un golpe de Estado y hay que detenerlo”, sentenció el partido.
Ayer, la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció intentos de “impedir una transición pacífica del poder” el 14 de enero al presidente electo y llamó a detener cualquier “acto de intimidación” en Guatemala.
La OEA expresó “su grave preocupación” por “las continuas acciones postelectorales, disputas partidistas, la excesiva judicialización del proceso electoral”.
A la vez, hizo un llamado a todas las instituciones del Estado, a los tres poderes y a la fiscalía a que “detengan o eviten, según corresponda, todo acto de intimidación contra funcionarios electorales, el partido Movimiento Semilla y quienes han sido electos, y a respetar la integridad del material electoral”.
En tanto, tras acatar una orden emitida la semana pasada por la máxima instancia judicial del país, el Congreso eligió ayer a los nuevos magistrados de la Corte Suprema, un proceso que debía completarse en 2019.
Con una amplia mayoría, los diputados del partido oficial Vamos y sus aliados escogieron a los 13 magistrados que tendrán que concluir en octubre el periodo 2019-2024. Los jueces fueron juramentados horas después.
El único magistrado reelecto fue Manuel Duarte, sancionado en 2022 por Washington, que también lo considera “corrupto”.
Durante los últimos cuatro años, varias organizaciones civiles exigieron en reiteradas ocasiones al Parlamento que avanzara con el proceso de renovación, al tiempo que criticaban algunas decisiones tomadas por la corte con la configuración ya obsoleta.
Al terminar la sesión, varios manifestantes que protestaban afuera del Parlamento en rechazo a la elección insultaron y lanzaron objetos a algunos diputados que salieron del recinto custodiados por decenas de policías, según imágenes en redes sociales, informó la agencia de noticias AFP.
Fuente Télam