La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró “muy alentadora” la sentencia del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que reconoce el derecho histórico de la población indígena sobre sus tierras ancestrales.
La máxima corte falló por mayoría (7 a 2) contra la tesis del marco temporal de una ley que obligaba a reducir las reservas indígenas y las tierras ancestrales en la selva amazónica, en una resolución que le aplica un duro golpe a los planes expansionistas del agronegocio vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.
La corte rechazó el pedido de las entidades rurales que querían que no se reconocieran las tierras indígenas reivindicadas después de la Constitución de 1988, que actualmente está en vigor.
La vocera del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, subrayó que un fallo contrario a los intereses indígenas hubiera acarreado “graves consecuencias” y agravado “injusticias históricas” sufridas por estos pueblos.
Pese a considerar “esencial” la sentencia, Hurtado alertó que “por sí sola no basta” para proteger los derechos de estas poblaciones y, en ese sentido, pidió que no se impida al acceso de los indígenas a sus tierras históricas.
Asimismo, reclamó “una política activa y sistemática” que permita proteger a los pueblos indígenas de la violencia, “también de la perpetrada por quienes invaden ilegalmente sus tierras”, como quedó demostrado en la escala de ataques contra la comunidad yanomami en Roraima, estado del norte del país, para favorecer la explotación de recursos naturales.
Por otra parte, recordó que el STF aún debe determinar posibles indemnizaciones para las tierras adquiridas “de buena fe”, informó la agencia de noticias Europa Press.
Asimismo, expresó su “preocupación” por un proyecto de ley que está ahora mismo tramitándose en el Congreso y que busca establecer la misma restricción temporal rechazada por el Supremo.
El tratamiento del asunto en el Supremo, que se extiende desde hace cuatro años, motivó movilizaciones en todo el país de los movimientos indígenas.
Brasil tiene poco más de un millón de habitantes de los pueblos originarios.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se oponía a la tesis de los ruralistas, al punto que es el primer gabinete con un Ministerio de Pueblos Originarios.
Por el contrario, los dos votos del máximo tribunal que respaldaron la solicitud del agronegocio fueron de los jueces designados por Bolsonaro: el jurista y pastor presbiteriano André Mendonça y Nunes Marques.
Fuente Télam