El juicio que se le sigue a tres docentes por la muerta de una niña que se ahogó el 10 de diciembre de 2021 durante una salida escolar en el Complejo Los Baqueanos, en Villa Lago Gutiérrez, de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, continúa esta mañana luego que se conociera ayer la lectura de las acusaciones por “homicidio culposo”, informaron fuentes oficiales.
Los acusados que son juzgados en este proceso son dos mujeres, docentes de primarias, y un hombre, profesor de Educación Física, escucharon ayer los delitos por los que fueron acusados en la elevación a juicio y están previstas audiencias hoy y los días 17, 21 y 22.
Durante la apertura del juicio, la fiscal en jefe relató el hecho objeto de acusación, y explicó que la niña que resultó víctima se encontraba presente en el lugar como integrante de un contingente escolar de aproximadamente 89 alumnos -menores de edad- que concurrían a sexto y séptimo grado de la Escuela N°273 “Ayen Hue”, de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.
La actividad donde ocurrió el hecho se desarrollaba en el marco del proyecto “Nos vamos dejando Huellas “del establecimiento escolar.
En su presentación, la fiscal jefa manifestó que ese día, “cerca de las 15.30, los responsables que están imputados, autorizaron a los niños a realizar actividades en aguas abiertas en el lago Gutiérrez. No solo no contempladas en este proyecto, del cual ellos eran garantes y deberían cuidar a esos niños, sino que prácticamente no ejercieron la correcta supervisión”.
En este sentido, expresó que los imputados “asumieron un riesgo no permitido, porque no estaba en el proyecto, pero aun así no ejercieron la correcta supervisión”.
“La niña se murió ahogada porque no la cuidaron. En definitiva, tuvieron total dominio del hecho. Cada uno de los docentes que se encuentran aquí presentes pudieron haber dicho algo para evitarlo, sin embargo lo autorizaron”, añadió la funcionaria judicial.
Y añadió: “Por acción o por omisión, estuvieron en plena libertad y dominio de derecho para tomar decisiones y cuidar a los niños. En definitiva, señor juez, el resultado de la muerte era previsible y se podría haber evitado”.
Los abogados de la querella adhirieron a lo expuesto por la fiscalía y señalaron que “la muerte de esta niña, no tiene que ser una muerte en vano, no tiene que ser una más”.
En este sentido, sostuvieron: “Tiene que haber un antes y un después de este caso, respecto a la responsabilidad de los profesionales a cargo de administrar”.
“Aquellos profesionales, docentes que justamente estudiaron y se capacitaron para poder estar frente a un grupo de niños en actividades al aire libre. Esos profesionales que hoy tenemos aquí sentados, no estuvieron. Fallaron ese fatídico día”, expresaron.
Finalmente, los dos abogados defensores de los imputados, cada uno a su turno, desplegaron sus propias teorías del caso.
Por ejemplo, el letrado del profesor de Educación Física afirmó que “se va a llegar a lo largo del debate al descubrimiento de la verdad material y la falta de reproche penal” respecto de su defendido.
Hizo lo propio el abogado de ambas docentes, que entre otros conceptos hizo referencia a las implicancias de la redacción del proyecto y sus alcances.
Minutos después, los imputados brindaron declaración antes de que comience la ronda de testigos.
También, en la primera jornada de ayer declararon los padres de la víctima, primero su papá y luego su mamá; un empleado policial, otro que arribó al lugar del hecho e hizo RCP a la niña, personal del Gabinete de Criminalística y de Prefectura Naval Argentina y por último una turista, de profesión enfermera y oriunda de Mar del Plata, que arribó al lugar para acampar y sacó a la niña del agua e hizo maniobras de resucitación
Cabe recordar que el 4 de noviembre de 2022 se dictó el sobreseimiento de otro docente al que oportunamente se le formularon cargos por el delito de homicidio culposo, por no haber participado del hecho tal lo estipulado en el artículo 155, inciso 2 del Código Procesal Penal.
Asimismo, el 28 de abril de este año fue condenada una docente en el marco de un procedimiento abreviado a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional sujetos a pautas de conducta por el mismo término. Estas consisten en una presentación una vez por mes en el IAPL, la pauta de no cometer nuevos delitos y la inhabilitación especial por el mismo plazo, de no concurrir en su rol de docente a salidas al aire libre y a cargo de menores fuera del ámbito escolar.
Fuente Télam