El déficit primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN) ascendió en los primeros siete meses de 2023 a 2 billones 383.014 millones de pesos, con un aumento interanual del 61,6% que, por efecto de la inflación acumulada en los doce meses transcurridos, representó una caída del 22,6% en términos reales, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
En el caso del resultado financiero (que incluye el pago de intereses de la deuda), el déficit alcanzó a 4 billones 130.043 millones de pesos, un 90,8% superior al del mismo período de 2022 a valores corrientes y 8,7% menor a valores constantes.
El informe de la OPC se anticipa al que dará a conocer la Secretaría de Hacienda el martes 22 de agosto, aunque con diferencias metodológicas, ya que en el primer caso se toma el resultado devengado de la APN y Hacienda considera al ejecutado de todo el Sector Público No Financiero, que también abarca a empresas públicas y fondos fiduciarios.
Los ingresos de la APN acumularon al 31 de julio 12 billones 924.652 millones de pesos, lo que significó una contracción en términos reales de 5,1% respecto de igual período del año anterior y un alza nominal del 98,3%.
La OPC advirtió que la contracción real “se reduce a 4% si se computan dentro de los ingresos corrientes (rentas de la propiedad) $150.000 millones que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le transfirió al Tesoro Nacional en el mes de julio en concepto de distribución de utilidades”.
Los ingresos impositivos disminuyeron 10,9% en la comparación interanual (+86,2% nominal), con una dinámica dispar de los principales tributos, ya que hubo alzas reales en la recaudación del IVA y, por efecto de la sequía, importantes caídas en materia de derechos de exportación.
Los gastos primarios sumaron 15 billones 307.666 millones de pesos y mostraron una contracción de 8,3% en términos reales (+91,5% nominal), en tanto los totales fueron de 17 billones 54.695 millones de pesos y disminuyeron en una magnitud menor (-6% real, +96,4% nominal), como consecuencia del incremento real de los intereses de la deuda (21,2% y 153,1%, respectivamente).
Las disminuciones reales más relevantes se registraron en las transferencias a provincias (28%), en las asignaciones familiares (25,3%), en los subsidios a la energía (22,9%) y en los programas sociales (21,3%).
“En el caso del rubro jubilaciones y pensiones, si bien la disminución real fue más acotada (3,8%), resultó el cuarto rubro de mayor contribución a la reducción del gasto dada su participación en la estructura del gasto primario (39,7%)”, precisó la OPC.
En sentido contrario, los intereses de la deuda (21,2%), las transferencias a universidades (12,4%), los subsidios al transporte (12,2%) y los gastos en personal (8,2%) presentaron subas en relación con la ejecución de un año atrás.
Los gastos totales devengados representaron el 57,9% del crédito presupuestario vigente y los programas sociales, como la Prestación Alimentar (84,3%), el Potenciar Trabajo (81,6%) y las becas Progresar (76,6%) presentaron elevados niveles de ejecución.
También se destacan las transferencias a universidades (80,9%), los gastos en personal (69,3%), los subsidios económicos (62,3%) y los intereses de la deuda (60,1%).
Por último, con niveles de ejecución más moderados, se ubican los bienes y servicios (40,8%), los gastos de capital (44,5%) y las transferencias a provincias (47,7%).
Fuente Télam