Un juez federal de Ciudad de Juárez dictó en las últimas horas la prisión preventiva a los tres empleados del Instituto Nacional de Migración de México (INM) acusados por su presunta vinculación en la muerte de 40 personas en un centro de migrantes de la localidad fronteriza con Estados Unidos, informaron hoy medios locales.
En la primera audiencia de la causa, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Eduardo Apodaca Magallanes, Juan Carlos Meza Cumplido, y a Cecilia Rivera Tena, de los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público.
Los abogados de los imputados, en tanto, pidieron más tiempo para poder recabar pruebas en favor de sus defendidos, según consignó el diario local El Universal.
El 27 de marzo pasado se registró un incendio en un centro del INM en Ciudad Juárez que terminó con la muerte de 40 personas.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los propios internos de originar el fuego al prender un colchón en señal de protesta ante una posible futura deportación.
Pero una grabación de las cámaras de seguridad mostró cómo algunos migrantes quedaron encerrados en celdas mientras funcionarios del INM abandonaban el centro sin ayudarlos, precisó la agencia de noticias Europa Press.
Además, un funcionario federal mexicano dijo bajo anonimato al diario Los Ángeles Times que el motivo de la protesta era que había 68 personas encerradas en una celda con capacidad para no más de 50 y sin acceso a agua potable.
La falta de estándares mínimos para estos centros es denunciada frecuentemente por diversas organizaciones de la sociedad civil, que reportan en sus informes hacinamiento, falta de acceso a alimentos y agua potable, espacios sin luz solar ni posibilidad de salir al aire libre, así como la dificultad de acceder al derecho a la salud o al de comunicarse con familiares o tener representación jurídica para apoyar sus casos.
De acuerdo con las autoridades, en total se emitieron seis órdenes de detención, tres de ellas contra funcionarios del ente responsable de migraciones, dos dirigidas a agentes de seguridad privada y una al migrante que inició el fuego.
Fuente Télam