El papa Francisco endureció hoy las disposiciones vaticanas contra la pederastia y los abusos de autoridad al publicar una versión actualizada de un decreto de 2019 con la que obligará desde el 30 de abril a que todas las diócesis tengan oficinas para luchar contra este tipo de crímenes, y establece también sanciones para los fieles laicos que cometan los delitos.
Después de casi cuatro años y tras haber consultado a los episcopados y dicasterios de la Curia Romana, Francisco promulgó este sábado la versión definitiva de su carta apostólica en forma de Motu Proprio o decreto pontificio “Vos estis lux mundi” (Ustedes son la luz del mundo).
Ese texto regula los procedimientos para prevenir y combatir el fenómeno de los crímenes sexuales contra menores de edad y “adultos vulnerables”, además de apuntar contra los responsables de abusos de autoridad dentro de la estructura de toda la Iglesia, incluidas las asociaciones de laicos.
“Era una ley provisional y ahora se ha hecho una ley definitiva, teniendo en cuenta la experiencia práctica de la aplicación de aquella ley provisional, con muy pocos retoques”, dijo el secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, monseñor Juan Ignacio Arrieta, al explicar a Télam la nueva medida.
El nuevo decreto, que entra en vigor el 30 de abril y deroga el precedente de mayo de 2019, confirma y profundiza la batería de medidas dispuestas entonces por el Papa, como la obligación para los religiosos de denunciar los ataques.
Para Arrieta, una “primera clave” de la versión actualizada es que “hay una nueva aclaración sobre las víctimas de abusos, ya que antes se hablaba de menores y personas vulnerables, ahora se habla de adultos vulnerables y personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón”.
“Esta terminología busca homologar y dar claridad con el resto de las leyes que existen en la Iglesia”, explicó el religioso español.
Otra de las novedades de la versión definitiva del decreto es que alcanzará a los comportamientos de “fieles laicos que son o hayan sido moderadores de asociaciones internacionales de fieles reconocidas o erigidas por la Sede Apostólica, para los hechos cometidos” mientras ejercían su cargo.
“Una segunda clave es que el Motu Proprio da a la Iglesia un procedimiento detallado sobre la denuncia e investigación de acusaciones contra personas en el liderazgo de la Iglesia”, profundizó Arrieta.
En ese sentido, sostuvo que “en el texto de hoy el Papa introduce dos nuevas categorías a las que mencionaban en el de 2019: los clérigos que han estado al frente de una asociación pública, clerical y con poder de incardinación, y luego los fieles laicos que han sido moderadores de asociaciones internacionales reconocidas por la Santa Sede”.
Entre las claves del nuevo decreto, también se refuerza la parte en la que se pide salvaguardar “la legítima protección del buen nombre y de la esfera privada de todas las personas implicadas”, así como la presunción de inocencia para quien es investigado en espera de que sean determinadas sus responsabilidades.
En cuanto a la tipología de delitos que abarca la nueva normativa, mientras antes se hablaba de “actos sexuales con un menor o una persona vulnerable”, en la nueva versión se habla de “delito contra el VI mandamiento del decálogo cometido con un menor o con una persona que tenga habitualmente un uso imperfecto de la razón o con un adulto vulnerable”, en referencia a los crímenes contra la castidad y considerados graves.
En la nueva versión de “Vos estis lux mundi” también se especifica que las diócesis y las eparquías deben dotarse de “organismos y oficinas”, y ya no solo de “sistemas estables” como se mencionaba en el antiguo texto, fácilmente accesibles al público para recibir las señalaciones de abusos.
“Queda claro no sólo el derecho-deber de atender a las personas víctimas de abusos, sino también el derecho-deber de denunciar y señalar estos delitos, desde hoy también cuando son cometidos por laicos en la dirección de asociaciones internacionales reconocidas por la Santa Sede”, agregó en diálogo con la prensa el secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la fe, monseñor Charles Scicluna.
Al mismo tiempo, con la nueva norma se especifica que la tarea de proceder con la investigación es deber del obispo del lugar de los hechos denunciados.
El texto dado a conocer este sábado mantiene los procedimientos introducidos en 2019 que establecen de modo preciso cómo deben ser los comportamientos frente a las señalaciones de casos de abuso y aseguran que obispos, superiores religiosos y ahora laicos al frente de asociaciones internacionales, rindan cuentas de sus actos y estén obligados a señalar los abusos de los que tengan conocimiento.
El documento sigue incluyendo no sólo las molestias y las violencias contra menores y adultos vulnerables, sino que también se refiere a la violencia sexual y a las molestias derivadas del abuso de autoridad, uno de los ejes sobre los que Francisco ha profundizado en varios discursos.
Por lo tanto, esta obligación también incluye cualquier caso de violencia contra las religiosas por parte de clérigos, así como el caso de molestias a seminaristas o novicios mayores de edad.
Fuente Télam