La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará mañana el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema y, en ese marco, citó al fiscal Carlos Stornelli para que exponga los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre el secretario del máximo tribunal Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro.
La comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), continuará a partir de las 13 con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar del máximo tribunal, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsara el juicio político contra sus integrantes.
Los cuestionamientos al accionar de la Corte estuvieron presentes la semana última durante el discurso que el presidente Fernández pronunciara el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuando volvió a criticar a los miembros del máximo tribunal por su fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado”, dijo el Presidente sobre el final de su mensaje de dos horas ante la Asamblea Legislativa, en un clima de tensión con la oposición.
Fernández hizo referencia al fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el reparto de los impuesto coparticipables, cuando mencionó que “mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden”.
La comisión de juicio político que estudia el enjuiciamiento de los jueces Horacio Rosatti -titular de la Corte-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti convocó también para mañana a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata María Roteta, al exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA Mario Cimadevilla y al secretario judicial número 4 de la Corte Sergio Napoli.
La citación a Stornelli fue solicitada por el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, luego de las exposiciones realizadas en la comisión de Julio Político por los jueces federales Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal 1 de La Plata, y Sebastián Ramos, a cargo del juzgado federal 2 de Comodoro Py.
La semana pasada no hubo reunión de la comisión porque se dispuso postergar para mañana la convocatoria de modo tal de poder enviar y esperar respuestas de los oficios a los nuevos testigos, que a partir de la próxima reunión se agruparán en tandas de cuatro o cinco, para evitar que se sucedan extensas jornadas, como la última, que superó las siete horas y media.
Las fuentes no descartaron que después de las afirmaciones del Presidente y la polémica generada la reunión pueda desarrollarse en un clima de tensión nuevamente entre oficialismo y oposición.
No se descarta que, en esa audiencia, las autoridades de la comisión pidan que se remitan a la Justicia los dichos ante ese cuerpo del juez federal Sebastián Ramos “para que se evalúe si hubo falso testimonio”.
Ramos, junto al juez Alejo Ramos Padilla, brindaron testimonio el pasado 23 de febrero ante la Comisión de Juicio Político, en la primera de las audiencias testimoniales, donde además se acordó citar a Stornelli, una convocatoria que finalmente se formalizó el jueves pasado.
Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias de Stornelli, una denuncia vinculada a unos chats que involucran a D’Alessandro con un funcionario cercano a Rosatti, Silvio Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.
Fuente Télam