La comisión de Previsión Social, que preside la diputada nacional Marisa Uceda (Frente de Todos-Mendoza), convocó para el próximo miércoles a una reunión informativa para analizar el “Plan de pago de deuda previsional”, con la presencia de invitados y especialistas en el tema.
La iniciativa establece un plan de pago de deuda previsional, que permitiría a unas 800.000 personas, que no cuentan con aportes suficientes, poder acceder a la jubilación.
El proyecto cuenta con sanción del Senado y figura en el temario de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 28 de febrero.
El texto legal será tratado en comisión el próximo miércoles 1 de febrero a las 11 a la sala 2 del segundo piso del Anexo A, en una reunión informativa con la presencia de invitados.
El tema figuraba en el temario de la última sesión convocada en la Cámara de Diputados, que se frustró por falta de quórum.
Por tratarse de una reunión informativa no es necesario reunir quórum, con lo cual la intención del oficialismo es escuchar a diferentes especialistas en el tema antes de que se trate en el recinto.
El proyecto, presentado en el Senado por Anabel Fernández Sagasti, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Según un informe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cerca de 800 mil residentes en todo el país no podrán acceder a su jubilación en 2023 en caso de que no se sancione la Ley de Pago de Deuda Previsional.
De acuerdo a un informe que realizó la Anses, las 800 mil personas que se verían perjudicadas se distribuirían en las siguientes provincias: 268 mil en Buenos Aires; 91 mil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 54 mil en Córdoba; 48 mil en Santa Fe; 29 mil en Mendoza; 23 mil en Tucumán; 22 mil en Misiones; 22 mil en Chaco; 21 mil en Salta y 21 mil en Corrientes.
Además, la falta de la ley afectará a 17 mil personas en Entre Ríos; 17 mil en Formosa; 15 mil en Santiago del Estero; 10 mil en Jujuy; 10 mil en San Juan; 10 mil en Chubut; 10 mil en Neuquén; 10 mil en Río Negro; 9 mil en Santa Cruz; 8 mil en San Luis; 4 mil en La Pampa; 4 mil en La Rioja; 4 mil en Catamarca y 2 mil en Tierra del Fuego.
Fuente Télam