Sesión clave en la Legislatura: se debaten 16 nuevas torres y ampliar competencias de la justicia

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El bloque oficialista en la Legislatura porteña, Vamos Juntos, aspira a votar mañana tres proyectos clave para el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: dos que habilitan 16 nuevas torres en la Ciudad, a través de convenios urbanísticos firmados con empresas privadas, y otro que amplía las facultades del Tribunal Superior de Justicia local sobre la justicia nacional, en una sesión en la que el macrismo buscará imponer su mayoría.

Tanto los convenios urbanísticos como la modificación a la ley de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad fueron presentados por el oficialismo una semana después de las PASO del 12 de este mes, en las que Juntos por el Cambio (JxC) obtuvo, sumando sus tres listas, el 48% de los votos.

Por un lado, se votará el proyecto de Vamos Juntos (VJ) que habilita al TSJ local a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales, lo cual generó críticas por parte de legisladoras del Frente de Todos (FdT), que advirtieron la intención de Rodríguez Larreta de «traer la causa Correo Argentino» a su jurisdicción, en «un gesto se le está haciendo a (Mauricio) Macri».

En lo formal, el proyecto de ley que se votará mañana se titula «modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales» y originalmente estaba destinado a institucionalizar la modalidad virtual para esos trámites, sin embargo, el macrismo introdujo en el texto, a último momento, un artículo que modifica la ley 402, la cual regula los «procedimientos ante el TSJ la Ciudad».

Dicha modificación pretende establecer que los recursos ordinarios de apelación ante el TSJ de la CABA puedan proceder «contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia nacional de la Capital Federal».

Ante esta posibilidad, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira afirmó que desde Vamos Juntos, en la sesión de mañana, van a «plantear una discusión sobre la autonomía», cuando en realidad están haciendo «cachivaches jurídicos».

Para la legisladora, el objetivo del oficialismo local es «que los juzgados sigan estando en Nación» pero que «el TSJ pueda intervenir respecto a causas en tribunales nacionales».

Y agregó: «Que el TSJ porteño se meta en una causa nacional es el planteo que hicieron en el caso Correo Argentino».

Por otro lado, en la sesión también se votará un paquete de convenios urbanísticos, es decir excepciones a las normas de edificación vigentes en parcelas puntuales de la Ciudad, que firmó el Gobierno porteño con empresas privadas, para construir 16 nuevas torres.

De acuerdo a los convenios, las torres estarán distribuidas en 12 barrios, y entre ellas se destaca una de 20 pisos y tres subsuelos que la firma Nehuente SRL planea levantar en la esquina de Córdoba y Reconquista, al lado del monasterio de Santa Catalina, un edificio de la época colonial (año 1745) de alto valor arqueológico.

Las otras torres se construirán en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas, mediante la aprobación de otros 15 convenios que fueron presentados en un mismo proyecto de ley.

Respecto de esos proyectos inmobiliarios, funcionarios del Gobierno porteño informaron, en una reunión de comisiones de la Legislatura, que permitirán habilitar «casi 200.000 metros cuadrados construibles, crear cerca de 6.000 empleos, entre directos e indirectos, y generar contraprestaciones en favor del Estado por casi 36 millones de dólares».

Los 16 convenios urbanísticos también recibieron críticas de la oposición, entre ellas, la del legislador Javier Andrade (FdT), quien escribió en su cuenta de Twitter: «Larreta convocó a los privados para que presenten sus proyectos de ampliación de constructividad y a cambio de una suma de dinero, el GCBA les aprueba la normativa».

Además, advirtió que el oficialismo local tiene «en carpeta» unos 100 convenios urbanísticos más. «No estamos en contra de la figura de los convenios, pero está claro que son herramientas que deben usarse de manera restringida para los casos que puedan considerarse de nítido interés público, algo que claramente no sucede y se benefician solo los desarrolladores», agregó.

Tanto el FdT como algunas organizaciones, entre ellas el Observatorio del Derecho a la Ciudad, advirtieron que las nuevas torres profundizan la crisis habitacional de la Capital Federal, ya que favorecen la especulación inmobiliaria e incrementan el valor del suelo, repercutiendo directamente en los precios de los alquileres.

Según el último relevamiento de Inquilinos Agrupados, el 36% de la población de la Ciudad alquila su vivienda, y, según varios informes de organizaciones sociales, unas 300.000 personas viven en villas y asentamientos, sin servicios básicos y en condiciones de hacinamiento.

 

Fuente Télam