Prorrogan la ley de asistencia integral a familiares y sobrevivientes de la masacre de Cromañón

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La Legislatura porteña extendió hoy por tres años la vigencia de la ley de asistencia integral a sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón, donde murieron 194 personas y miles resultaron heridas por el incendio del boliche en la zona porteña de Once, que prevé la entrega de un subsidio mensual y prestaciones en materia de salud.

La norma quedó sancionada con 57 votos positivos durante la última sesión ordinaria del año a instancias de un proyecto presentado por el bloque del oficialismo porteño para prorrogar los alcances la ley 4786, cuya vigencia concluía el 31 de diciembre.

La iniciativa contempla la renovación por tres años de la ley que data del 2013, que ya fue prorrogada en 2018 y que, puntualmente, prevé una ayuda económica y el servicio de programas para la atención de salud.

En el primer caso, la propuesta actualiza los montos que reciben los sobrevivientes y familiares de víctimas fatales del incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el local bailable “República de Cromañón”.

Además, estipula, para los próximos tres años, que la asistencia económica se ajustará de acuerdo al Índice de precios al consumidor anual acumulado que elabora la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

Por otra parte, incorpora, dentro de los programas de salud y tratamientos médicos, “el acceso a toda la medicación requerida de forma ágil, accesible y gratuita prescripta”, así como promueve una “descentralización de la dispensa” de los remedios “en los efectores de la red pública de salud de la Ciudad”.

Desde el grupo de sobrevivientes y familiares adelantaron la necesidad que la ley tenga una vigencia mayor a lo establecido por los legisladores a fin de evitar una “revictimización” cada tres años.

Además, manifestaron cautela frente a la definición respecto que el subsidio se ajuste por paritarias dado que la propuesta impulsada en un proyecto presentado en la Legislatura meses atrás disponía que la ayuda fuera un salario mínimo vital y móvil para sobrevivientes y dos salarios mínimos vitales y móviles para familiares.

En ese marco, apoyaron la descentralización de las farmacias para la entrega de medicamentos dado que, en la actualidad, eran acotados los centros de dispensa en la Ciudad de Buenos Aires, lo que dificulta el retiro por parte de los beneficiarios.

En la sesión, la legisladora del Frente de Todos Victoria Montenegro adelantó el respaldo a la ley, no obstante advirtió sobre algunas “observaciones” ya que “en esta ley el beneficio queda a medias”.

“Esperamos poder trabajar de aquí en más para elaborar un proyecto que sea efectivamente integral, escuchando a las asociaciones de familiares y sobrevivientes”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Claudio Romero, del bloque oficialista Vamos Juntos, admitió que “esta ley no es todo lo que debiera ser” dado que “no es una ley perfecta sino perfectible”.

Fuente Télam