Legislatura porteña trata el aval a la construcción de una torre en un área de protección histórica

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La Legislatura porteña debatirá mañana el aval a un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad con una constructora para levantar una torre en un Área de Protección Histórica (APH), que linda con el monasterio y la iglesia de Santa Catalina, ambos fundados en 1745, donde rige una medida judicial que impide este tipo de obras por el riesgo que representa al patrimonio arqueológico.

El acuerdo urbanístico que requiere la aprobación parlamentaria fue alcanzado entre la administración porteña y la empresa Nehuente SRL será parte del temario de la sesión ordinaria, cuyo inicio está previsto a las 12, según informaron fuentes parlamentarias.

De sumar los 31 votos necesarios, no será una aprobación final, sino una primera sanción ya que este tipo de expedientes que contemplan cuestiones urbanísticas, se encuadran dentro de las normas denominadas «de doble lectura» que demandan dos debates en el recinto.

Puntualmente, los legisladores discutirán la iniciativa remitida desde el Ejecutivo que abarca a una manzana del microcentro porteño, delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, Viamonte y San Martín, que tiene, en uno de sus laterales, el monasterio y la iglesia colonial, y del otro, a un estacionamiento, donde se proyecta el edificio de 23 pisos.

El convenio cambia las normas urbanas vigentes para habilitar la construcción en una altura que no está permitida actualmente, y plantea, a modo de contraprestación, que la empresa constructora construya un espacio público de acceso irrestricto, que deberá tener, al menos un 50% de superficie verde.

La obra proyectada no es nueva, sino que en 2011 existió ya un acuerdo con el Gobierno porteño para avanzar en la construcción de la torre con oficinas comerciales, un hotel de cinco estrellas, viviendas, locales y tres subsuelos para estacionamiento.

Ello encendió por entonces la alarma de las organizaciones en defensa del patrimonio, entre ellas Basta de Demoler, que rechazaron el emprendimiento dado que sería al lado de una de las construcciones más antiguas existentes en la Ciudad, como lo son la iglesia y el monasterio.

Fue así que recurrieron a la Justicia porteña para denunciar que ese terreno es considerado «un fabuloso yacimiento arqueológico», por lo cual que presentaron un recurso de amparo que tuvo una respuesta favorable, pero que, como ocurre habitualmente, fue apelada por el Gobierno porteño que argumentó que el freno era inconstitucional.

El proceso judicial se extendió hasta el 2016 y llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que ese año confirmó el amparo y se refirió, en su fallo, a «una desmesura en el celo por los intereses privados y en la postergación del interés en la preservación del patrimonio histórico».

La organización Basta de Demoler, en tanto, presentó un proyecto para que el estacionamiento actual, que vio mermada su actividad ante la baja de movimiento en la zona por la pandemia, se convierta en una plaza en su totalidad a partir de la expropiación del predio a sus dueños.

La propuesta fue tomada por la legisladora del Frente de Todos Lucía Cámpora, quien elevó una observación al dictamen del proyecto firmado por el oficialismo días atrás en la comisión de Planeamiento Urbano, al entender que debía seguir en debate en ese ámbito para sumar la iniciativa de la asociación civil.

«Por tratarse ambos proyectos de ley de propuestas sobre la misma parcela, y en vistas del valor histórico que presenta la Iglesia Santa Catalina lindera al mismo para porteños y porteñas, es que solicitamos su tratamiento conjunto», manifestó.

 

Fuente Télam