La oposición boliviana rechaza detención de cívico acusado de incendiar la Corte Electoral de Potosí

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La oposición boliviana rechazó hoy la detención del exlíder cívico de Potosí Marco Antonio Pumari, aprehendido ayer por su presunta responsabilidad en la quema del Tribunal Electoral Departamental en 2019, en el marco de las elecciones presidenciales en las que Evo Morales ganó pero fue acusado de fraude y obligado a abandonar el Gobierno y exiliarse.

El expresidente Carlos Mesa calificó la intervención como “el despliegue de las peores dictaduras militares”.

“Una muestra más de la autocracia que padecemos. Denuncio ante la comunidad internacional, las vejaciones que padece hoy Potosí”, escribió a través de su cuenta de Twitter el líder de Comunidad Ciudadana.

Asimismo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, criticó el “apresamiento” de su excompañero de campaña e indicó que la decisión judicial “da un paso propio de las peores dictaduras de antes”.

“Es un día nefasto para la democracia y debemos tomarlo como el punto de quiebre para impulsar acciones de resistencia cívica y ciudadana”, escribió en Twitter Camacho, el líder opositor que en 2019 ingresó al Palacio de Gobierno con una Biblia y una bandera nacional proclamando la expulsión de Morales.

Pumari fue detenido anoche por un grupo especial de la Policía acusado de liderar la quema del Tribunal Electoral Departamental durante la crisis de 2019.

Su familia denuncia que no ha podido contactarse con él en las últimas horas.

Según su abogado, Jorge Valda, Pumari fue trasladado a Sucre, aunque esta información no fue confirmada por fuentes oficiales.

Valda también informó que se realizaron allanamientos en oficinas del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y en domicilios de otros líderes de esta institución.

Se conoce, de manera extraoficial, que Pumari será trasladado en las próximas horas hasta la ciudad de La Paz.

Valda denunció que su cliente fue golpeado tras ser interceptado cuando circulaba por la calle a bordo de su vehículo, por lo que adelantó que presentará una denuncia ante la Comisión Contra la Tortura de las Naciones Unidas y otros 25 organismos internacionales, informó el medio boliviano Unitel.

“Ningún policía tiene derecho a torturar, nadie tiene derecho a trasladar o a secuestrar sin que la familia conozca, mucho menos de la forma agresiva y brutal con la que han actuado”, dijo el abogado.

fuente telam