Dos diputados radicales por Mendoza, los únicos de JxC presentes en el recinto

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Los diputados nacionales radicales mendocinos Claudia Najul y Federico Zamarbide fueron los únicos integrantes de Juntos por el Cambio que asistieron hoy a la sesión especial convocada por el oficialismo para debatir, entre otras cuestiones, la ley de etiquetado frontal, que no se realizó por la decisión del arco opositor de no prestar quórum.

Los diputados fundamentaron su participación en el plenario impulsado por el Frente de Todos en que esa iniciativa y la que beneficia a trabajadores vitivinícolas son “muy importantes para la provincia” de Mendoza.

Najul y Zamarbide desoyeron, de esta manera, la decisión del interbloque de Juntos por el Cambio, que encabeza Mario Negri, que resolvió no participar de la sesión, ya que cuestionaron la urgencia del Frente de Todos y se quejaron por la falta de acuerdo con el temario de la convocatoria.

Con 122 diputados, 7 menos de los necesarios para abrir el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio por levantada la sesión y se produjeron expresiones en minoría.

Al explicar en el recinto su presencia en la sesión convocada por el FdT, Najul explicó: “Estoy para mejorar las condiciones de vida de quienes eligen proyectarse y vivir en mi provincia, muy discriminada por el Gobierno nacional, muy discriminada en la coparticipación y en el presupuesto al ser de otro color político” y consideró que “la manera para lograr los consensos que la Argentina nos pide, no es este llamado y no conseguir quórum, es al revés con diálogo y es responsabilidad de todos”.

Zamarbide manifestó que “junto a la diputada Najul decidimos participar por dos proyectos puntuales, una la ley de etiqueta frontal y por la ley de trabadores vitícolas porque es importante en nuestra provincia”.

“Creo en un modelo de representación en el que los legisladores representamos los intereses del pueblo y eso está por encima de cualquier tipo de discusión partidaria. Lo absurdo e injusto que un trabajador rural se jubila a los 55 años y un trabajador vitícola a los 65 años genera una enorme injustica, la tarea de la tierra es muy dura. Solicito que se trate este proyecto”, aseveró Zamarbide en el recinto.

En conferencia de prensa, la mendocina Marisa Uceda (Frente para la Victoria) señaló que “hoy se podía dar respuesta a un reclamo histórico del sector vitivinícola: la mensualidad de los contratistas y la jubilación anticipada de los y las trabajadoras de viñas. Lamentablemente hay una clase política dispuesta a defender sus propios intereses y de los lobbies o grupos concentrados”.

Los mendocinos de JxC que no dieron quórum fueron los radicales Alfredo Cornejo, Luis Petri y Jimena Latorre y el macrista Omar de Marchi.

Uno de los proyectos que figuraban en la agenda era el de régimen jubilatorio para los trabajadores de la actividad vitícola, por lo cual podrían retirarse con 57 años de edad y 25 años de servicios acreditados con aportes. La contribución patronal respecto de las tareas referidas será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en dos puntos porcentuales. Esta iniciativa es de la senadora nacional del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti.

Otro es el que busca modificar el Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales, donde se establece que el contratista tendrá una mensualidad mínima, y sobre la indemnización. La modificación señala que en los casos en que la “rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad aun cuando no se complete el primer año de trabajo”.

También se subraya que “la remuneración mínima por hectárea y por año (mensualidad) debe ser fijada por la Comisión Paritaria que se crea por este estatuto”.

Cada una de las doce mensualidades fijadas no puede ser, bajo ninguna circunstancia, menor a la fijada durante el período agrícola anterior.

Asimismo, corresponde al contratista un porcentaje de la producción, que en ningún caso puede ser inferior al 15% ni superior al 19% de ésta, deducidos los gastos de cosecha, acarreo y todos aquellos comunes y normales en la comercialización de las uvas y frutas.