Denuncian el espionaje a abogados de detenidos ante relatoría de ONU sobre Derecho a la Privacidad

Comparte a través de:

El abogado Alejandro Rúa denunció hoy el supuesto espionaje a abogados de personas privadas de la libertad en una presentación que formuló ante la Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad.

El letrado requirió la intervención de esa oficina para que haga un fuerte llamamiento al Estado argentino a los fines de garantizar la «no repetición» de este tipo de prácticas, y además solicitó que se abra una investigación eficaz que identifique a los responsables, según pudo reconstruir Télam.

La presentación de Rúa tiene que ver con que días atrás el juzgado federal porteño a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi certificó que más de 220 conversaciones entre personas privadas de su libertad y sus respectivos abogados fueron interceptadas y transcriptas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri..

La presentación fue en la misma dirección que la realizada días atrás por el mismo abogado ante la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que encabeza Diego García Sayán.

En el escrito de hoy, Rúa comunicó ante la Relatora Especial del Derecho a la Privacidad, Ana Brian Nougrères, que «la situación denunciada y tamaña afectación a la tarea de los abogados no tienen precedentes en la historia de nuestro país desde la restauración democrática».

«Pero más allá de esa afectación, se ha violentado gravemente el derecho a la privacidad, no sólo nuestro sino además de nuestros asistidos y a gran escala, pues se ha concretado una masiva intromisión prohibida en la vida de todos y cada uno de los detenidos y allí espiados», sostuvo el abogado en relación a las personas detenidas en el pabellón IRIC del penal de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri.

«Se solicita también su intervención, para que en la grave situación que ha quedado expuesta, se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino por las intervenciones de los teléfonos públicos en los pabellones penitenciarios y las otras maniobras de espionaje que se han acreditado», sostuvo Rúa.

En la presentación a la que accedió Télam, Rúa aportó un anexo documental que da cuenta del detalle de las intercepciones y señaló que corresponde a la certificación de las intercepciones realizadas «solo en los meses de enero y febrero de 2019 hasta que cesó la escucha ilegal, estando pendiente de relevar aún todo el resto de la interferencia de las comunicaciones».

En los documentos se observa la captación de conversaciones de los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, como asimismo los empresarios Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabián de Sousa y Cristóbal López, con sus respectivos abogados.

El abogado destacó en su escrito que tanto el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que «nadie será objeto de injerencias arbitrarias [o ilegales] en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación» y que «toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques».

Fuente Télam