Confirman procesamiento a extitular de Enarsa por la contratación de depósitos que no se usaron

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La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento al extitular de la empresa de energía estatal Enarsa (ahora denominada Ieasa), Ezequiel Espinosa, en el marco de una causa en la que se lo acusa de haber contratado depósitos de combustibles que no se utilizaron y generar con ello un perjuicio a las arcas públicas, según trascendió hoy.

La sala segunda del tribunal de apelaciones determinó que «los elementos de cargo incorporados a la investigación resultan suficientemente demostrativos tanto del actuar voluntario y contrario a las normas desplegado por Espinosa como de las consecuencias perjudiciales que dicho proceder irrogó al patrimonio estatal».

Con este fallo, firmado el último viernes, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron el procesamiento que en su momento le dictó el juez Sebastián Casanello al exfuncionario kirchnerista, como así también el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 800 millones de pesos.

La causa se inició el 21 de junio de 2016 a partir de la denuncia formulada por la Oficina Anticorrupción a fin que se investigue la actuación de diversas entidades estatales en las contrataciones de tanques intermedios para el servicio de almacenaje y despacho de combustible líquido a las firmas Chenyi S.A., Generación Independencia S.A. (hoy denominada Generación Mediterránea S.A.) y Pobater S.A.

Esas contrataciones -según un informe efectuado por la SIGEN (a partir de la Nota n° 1238/2016)- habrían resultado innecesarias o inútiles para el cumplimiento de los objetivos buscados, lo que habría generado para Energía Argentina S.A. (ex Enarsa) un significativo perjuicio patrimonial.

En el mismo fallo con el que confirmaron el procesamiento de Espinosa, los jueces del tribunal de apelaciones remarcaron que no se «ha ahondado sobre las razones por las cuales, luego de las contrataciones indebidas, los funcionarios públicos -con facultades inherentes para ello- no adoptaron medida alguna orientada a resolver esa situación irregular en tiempo y forma, siendo que la prolongación en el tiempo acrecentó el perjuicio patrimonial ocasionado a las arcas públicas».

«De allí –señalaron- que resulte necesario profundizar la pesquisa con miras a esclarecer debidamente la maniobra completa y sus alcances, avanzando en la determinación de otras posibles responsabilidades, ya sea dentro de los organismos estatales como de las empresas que participaron en las contrataciones».

Fuente Télam