Condenan a ocho años y medio de prisión a un penitenciario por abusar sexualmente de una mujer

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Un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue condenado a ocho años y medio de cárcel por haber abusado sexualmente de una mujer que estaba con prisión domiciliaria y a la que en 2019 le había ido a instalar una tobillera de monitoreo, en el partido bonaerense de Moreno, informaron hoy fuentes judiciales.

La pena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 de San Martín recayó sobre Víctor Alfonzo por el delito de «abuso sexual mediante acceso carnal, agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza de seguridad en ocasión de su función».

A través del sitio web fiscales.gob.ar se informó que la jueza Silvina Mayorga y los jueces Daniel Cisneros y Walter Antonio Venditti también le impusieron una inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad o policial.

En línea con lo requerido por el fiscal de juicio, Alberto Gentili, el Tribunal consideró “imperativo adoptar acciones positivas para procurar evitar posibles nuevos casos en el futuro” y solicitó que se evalúe la conveniencia de que el control de la prisión domiciliaria de una mujer sea practicado por un hombre.

Durante el juicio oral, los magistrados dieron por probado que el hecho ocurrió el 27 de febrero de 2019, cuando Alfonzo, en su calidad de ayudante de tercera del SPF y en su rol de miembro del equipo técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapbve) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, concurrió a una vivienda de la localidad de La Reja, en el partido de Moreno.

El penitenciario fue al inmueble para instalarle la tobillera electrónica a la mujer, quien cumplía arresto domiciliario por una condena impuesta por el TOCF 5 de San Martín en el marco de un caso de trata de personas.

El 2 de marzo el imputado volvió al domicilio de la víctima dado que el equipo de monitoreo había quedado mal colocado.

Al día siguiente, según se probó en el debate, se presentó nuevamente en el lugar y, tras extorsionarla, la obligó a subir a su Volkswagen Bora, donde abusó sexualmente de ella. Asimismo, el hombre concurrió también el 7, 8 y 28 de marzo, donde extorsionó a la víctima con “emitir informes influyentes para que se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria”.

Tras advertir lo que ocurría, una de las hijas de la víctima la convenció para denunciar lo ocurrido ante las autoridades.

El fiscal Gentili analizó y valoró la prueba testimonial y documental, que acreditaba la conducta endilgada a Alfonzo y agregó que “el hecho configura una forma de ejercicio de violencia contra la mujer».

«Debe repararse que se trató de un evento en el cual ha tenido intervención un funcionario público encargado del cumplimiento de la ley, lo que obligaba a prestar una especial atención a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de integridad de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y de violencia institucional, que viene dado por la situación de asimetría entre víctima y acusado”, dijo.

Según la acusación, el acusado extorsionaba a la víctima con “emitir informes influyentes para que se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria”.

Asimismo, Gentili planteó la necesidad de que, dado lo ocurrido, “se puedan obtener aunque más no sea mejores prácticas que no solo aseguren la vigencia de las Reglas de Mandela adecuadas al ámbito de aplicación de las medidas de prisión domiciliaria, con la consecuente posibilidad de prevenir hipotéticas situaciones abusivas -aunque es cierto que no se han verificado otras más allá de este caso- y que garanticen también la paridad de género en el acceso a las tareas de los trabajadores en el ámbito del Programa que se desarrolla en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

Fuente Tèlam