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La Nación cruzó a la Ciudad por el rechazo a acatar el fallo judicial sobre el operativo

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El Gobierno porteño apeló el fallo del juez Roberto Gallardo, quien anoche ordenó que cese el operativo policial en torno a la casa de Cristina Fernández Kirchner, y adelantó que se recusará al magistrado, postura que fue duramente cuestionada desde el Frente de Todos, mientras siguen las acusaciones cruzadas entre ambos espacios políticos por el operativo desplegado el sábado en el domicilio de la Vicepresidenta.

Durante una visita que realizó esta mañana al Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que ya fue apelado el fallo del juez Gallardo, informó que recusarán al magistrado y dijo estar “orgulloso” del accionar de la Policía porteña.

“Ayer vimos cómo un juez que está públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, dictó un fallo en el que intenta de forma muy confusa que liberemos la calle”, dijo el alcalde porteño, quien volvió a destacar el accionar de los efectivos de la Policía porteña.

En respuesta a sus declaraciones, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, publicó en su cuenta de Twitter: “(Rodríguez) Larreta anuncia que no acatará el fallo de la justicia porteña que dispone el cese de la represión de la Policía de la Ciudad en el domicilio de Cristina Kirchner”.

En ese sentido, apuntó contra el Poder Judicial al preguntar: “¿Dónde están los comunicados de jueces y fiscales que hace días nos criticaban solo por opinar sobre una causa armada?”.

Ayer, el juez Gallardo -con jurisdicción en el ámbito capitalino- ordenó al jefe de Gobierno porteño que “cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia” del domicilio de la vicepresidenta, en cuyas puertas el sábado pasado se desató una represión contra militantes del Frente de Todos (FdT).

El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 2 de la ciudad de Buenos Aires dispuso la medida cautelar en el marco del trámite de una serie de recursos de amparo presentados durante el fin de semana por dirigentes vinculados al FdT.

En tanto, los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, fueron convocados mañana a una audiencia por el juez Gallardo en la causa en la que ordenó retirar el vallado y la custodia de la Policía Metropolitana de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al hacer lugar a una acción de amparo que pedía sacar el vallado y terminar con la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad de las inmediaciones del departamento, Gallardo convocó a las partes a una audiencia presencial mañana a las 11 para escuchar los argumentos antes de resolver la cuestión de fondo.

En la misma línea del ministro Soria, la legisladora porteña Victoria Montenegro (Frente de Todos) también criticó al alcalde porteño en redes sociales: “Lean atentamente: ‘Un juez alineado a los intereses kirchneristas’. ¿Cómo es esto? ¿La Justicia solo es justa cuando la manejan? ¿Cuándo juegan en el mismo equipo de fútbol? El riesgo democrático al que nos están llevando Larreta y (Patricia) Bullrich en su interna política es preocupante.

En tanto, este mediodía, el Frente de Todos de la ciudad de Buenos Aires solicitó la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, como responsable del operativo policial realizado el sábado en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que se reprimió a las personas que allí manifestaban su respaldo a la exmandataria.

“Exigimos la renuncia del ministro D’Alessandro, responsable del operativo judicial y condenamos la doble vara de Horacio Rodríguez Larreta”, dijo el senador nacional y presidente del Frente de Todos (FdT) de la ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, en una conferencia de prensa que se realizó este mediodía en el Salón Perón de la Legislatura porteña, acompañado por los diputados nacionales del distrito y el bloque de legisladores porteños del espacio.

“Cada vez que el macrismo tiene a su cargo una fuerza de seguridad la usa para reprimir y castigar a los que piensan distinto. No es novedoso. Fue una provocación la de poner vallas”, consideró Recalde.

En la rueda de prensa, los dirigentes se refirieron a las iniciativas presentadas para que el Gobierno porteño explique y determine responsabilidades acerca de la represión del sábado pasado en inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta.

En defensa de la postura de Rodríguez Larreta, el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, consideró “disparatado” el fallo del juez Gallardo, y consideró que el magistrado “privilegia la seguridad de la Vicepresidenta a la de ciudadanos que viven y transitan por la ciudad”.

“Su criterio es parcial e intolerable”, cuestionó Ferraro.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo abrió un expediente para “analizar y esclarecer” el accionar de la Policía de la Ciudad el pasado sábado, en las inmediaciones de la vivienda de la expresidenta.

En un comunicado, la Defensoría informó que, durante el sábado 27 de agosto, dispusieron un operativo de observación integrado por personal del organismo, que tuvo como objetivo fue “recorrer la zona donde se estaba desarrollando la manifestación” y así poder “verificar el dispositivo de seguridad dispuesto y en particular, la actuación del personal de la Policía de la Ciudad”.

Por este motivo, la Defensoría indicó que, tras los acontecimientos observados y las diferentes versiones del Gobierno de la Ciudad, inició un expediente para requerirle al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro que “informe las razones en las cuales se fundamentó la decisión de colocar vallas y restringir la circulación en al menos cuatro cuadras alrededor del domicilio de la Vicepresidenta”.

“También se está requiriendo el inicio de una investigación administrativa tendiente a investigar la actuación del personal policial, en especial determinar responsabilidades en relación a los hechos de público conocimiento”, sostuvieron desde el organismo.

Fuente Télam