idp

Revelan que una agente de inteligencia de la PFA estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo

Compartí esta nota a través de :

Una agente de inteligencia de la Policía Federal estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo y existen sospechas de su presunta responsabilidad en los secuestros de familiares de desaparecidos que en diciembre de 1977 se produjeron en la Iglesia de la Santa Cruz, según consigna una información publicada hoy por el diario Página/12.

En una nota de la periodista Luciana Bertoia se revela que la espía en cuestión operaba bajo el nombre de “Isabelita”, integró el Cuerpo de Informaciones de la PFA y su verdadera identidad no es divulgada para “no entorpecer investigaciones judiciales”.

En democracia, la agente continuó realizando tareas de espionaje y en el año 1997 fue una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia, según reconstruyó la publicación de este informa en base a la información contenida en el expediente que se instruye en la justicia.

De esta forma, se da cuenta que no sólo el exoficial naval Alfredo Astiz fue quien estuvo infiltrado entre el grupo de familiares que se reunía en la Iglesia de Santa Cruz para recabar informaciones sobre la suerte de sus familiares que se encontraban desaparecidos, ya que la Policía Federal también había realizado tareas de seguimiento y espionaje.

Isabelita entró a los 21 años a la Escuela de Informaciones, en marzo de 1969, luego de haber terminado la escuela comercial en Morón, donde vivía con sus abuelos en la zona oeste del conurbano.

“Al Cuerpo de Informaciones llegó por recomendación de un jefe del Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA), un organismo que se disolvió en 1973 por decisión del gobierno peronista y cuyos integrantes pasaron a los departamentos de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF)”, se consigna en la publicación.

Entre los años 1976 y 1979, ´Isabelita´ se desempeñó en la División Central de Reunión, la Dirección General de Inteligencia, el Departamento de Asuntos Subversivos, el Departamento de Asuntos Gremiales y el Departamento de Situación.

En julio de 1977 recibió una felicitación por su trabajo y en 1978 hizo un curso de especialización en inteligencia.

Mientras tanto, estudió Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y formó pareja con un personal civil del Batallón 601, según ella informó a sus superiores en el año 1982.

Ese año, solicitó su pase a la ciudad de Mar del Plata, donde fue trasladada su pareja y en el marco de ese trámite, el comisario Eduardo Pedro Antoniuk intercedió en su pedido de la siguiente forma: “La causante figura en una denuncia realizada en el ámbito internacional por un exintegrante de un organismo de seguridad como perteneciente a organismos de seguridad involucrados en la lucha antisubversiva”.

En el legajo también estaba la certificación de Juan Andrés Fonte, el segundo del jefe de la SSF: “La causante presta servicio en el cuadro ‘A’, cumpliendo funciones de Reunión de Información (Servicio Externo), habiendo estado infiltrada en la agrupación ‘Madres de Terroristas’ (sic) siendo detectada. Actualmente y por su estado de embarazo cumple funciones internas”.

A la investigación, se le suma un parte de la la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –desclasificado durante la intervención de Cristina Caamaño- que da cuenta de que en una marcha realizada el 5 de octubre de 1982 a Plaza de Mayo, donde el oficial de la PFA Carlos Enrique Gallone simuló un abrazo a una de las Madres.

Esa imagen fue publicada en la tapa del matutino Clarín y causó conmoción al interior de los organismos de derechos humanos.

Esa marcha había sido prohibida por el Ministerio del Interior con un decreto que describía a la entidad defensora de los derechos humanos como “Madres de Delincuentes Terroristas”, una denominación muy similar al informe que Fonte había presentado sobre Isabelita para justificar su traslado.

Otro reporte que da cuenta de la participación de la mujer en el espionaje fue el testimonio del agente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, Luis Alberto Martínez, quien brindó información sobre las actividades del terrorismo de Estado en Suiza, donde en 1981 fue capturado cuando intentaban cobrar un secuestro extorsivo.

Ante la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Martínez, conocido también como “el japonés” dio cuenta de los vuelos de la muerte que se perpetraron en Argentina y contó que la PFA estuvo involucrada en los secuestros de tres Madres y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz.

Martínez contó además que una mujer llamada “Isabelita” se había infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo, con la excusa de estar buscando a un hermano desaparecido –un motivo similar al utilizado por Astiz– y esa declaración es el motivo por la cual se insiste con el traslado de la espía a la ciudad balnearia.

En diciembre de 1983, Ïsabelita integró el Departamento de Protección del Orden Constitucional (POC), y luego formó parte de un grupo de inteligencia dedicado a espiar al Movimiento Todos por la Patria (MTP) creado por el entonces procurador general Andrés D’Alessio, el excamarista del Juicio a las Juntas.

Otro informe del legajo de Isabelita, reza: “Después de que se aplacaron los ecos del hecho de La Tablada (enero de 1989) y del enfrentamiento con la Brigada Che Guevara (noviembre de 1990) un razonamiento elemental de inteligencia permitiría inferir que los elementos fanatizados recompondrían

En 1997, “Isabelita” se incorporó como una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia hasta que con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, la espía pidió la baja.

En 2013 “Isabelita” fue denunciada por la exministra Nilda Garré por su presunta responsabilidad en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz después de que el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) analizó su legajo.

La presentación se hizo en el juzgado donde tramita la megacausa ESMA pero el juez Sergio Torres archivó parcialmente las actuaciones al no poder probar que la mujer hubiera sido parte de los operativos.de diciembre de 1977 pero entendió que de su legajo, se desprendía que podría haber estado involucrada en crímenes de lesa humanidad.

Fuente Télam