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Angustia y preocupación: la reacción de beneficiarias del programa Ciudadanía Porteña

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La falta de vacantes en escuelas de cercanía, el deficiente acceso a la salud y el endurecimiento de las condiciones de vida son tres de las razones que esgrimen personas en situación de vulnerabilidad social residentes en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires como obstáculos para cumplir con al menos un 85% de asistencia de sus hijos a la escuela.

Télam entrevistó a mujeres que son jefas de hogar de la Ciudad y beneficiaras del programa Ciudadanía Porteña con el objetivo de conocer sus historias y entender cuál puede ser el impacto en su vida cotidiana de la decisión tomada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

“Es una medida electoralista o para la tribuna”, sostiene Carmen Villafañe, vecina del Barrio 31, convencida de que “si la preocupación es realmente por los chicos que no van a la escuela, es ahí donde el gobierno de la Ciudad tendría que ver por qué. Les pueden estar pasando un montón de cosas a ellos o a sus padres”.

Carmen es pensionada, tiene 52 años y cinco hijas e hijos en edad escolar que viven con ella. Son gemelos de 10 años, una hija de 14, uno de 15 y otro que está en el último año del secundario. Para ella, no cobrar este beneficio implicaría “dejar de comprar carne, yogur y queso”, así como un montón de restricciones más: “Deberíamos vivir solo de mi pensión”, explica.

Si bien todos están escolarizados, su miedo radica en que no sabe si podrá cumplir con la asistencia impuesta, no porque no quiera hacerlo –todo lo contrario– sino porque a veces el contexto puede ser adverso: desde no conseguir un certificado o el alta médica por enfermedad hasta la dificultada en el traslado a los colegios. “Tuve la suerte de que los nenes míos van a la escuela que pertenece al barrio, pero una de mis hijas más grandes tiene cuatro chicos repartidos en tres escuelas. ‘¿Mami, cómo hago?’, me decía, porque el horario de salida es el mismo para todos”, detalla Carmen.

Carina Corvalán es la encargada del centro comunitario de la Fundación El Pobre de Asís, lugar de encuentro de vecinas y vecinos de “la 31”, que van allí en busca de viandas y acompañamiento. Cuenta que cuando comenzó a circular la noticia de los cambios en el subsidio porteño, la conversación en los grupos de mujeres del barrio hizo visible otras cuestiones de fondo, cómo cuál es el real acceso a la educación y a la salud: “Desde qué pasa con los turnos en los CeSAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria) hasta cuál es la alimentación que se da en la escuela y el grave problema de las vacantes”, señala Carina. Y entiende bien el alivio de Carmen de que sus hijas e hijos vayan a la escuela cerca: “¿Sabés lo que implica tener tres hijos en tres escuelas distintas? Encima les dicen que tienen que conformarse con tener vacante”, lamenta Carina.

Susana Arroyo es cocinera en otro comedor comunitario de la zona. Sabe de primera mano lo que implica perder este beneficio social y cómo impacta en la calidad de vida de su familia.

“En febrero me lo quitaron, no sé por qué, pero estuve cuatro meses sin cobrarlo, y fue muy complicado”, cuenta la mujer, para quien tener este ingreso desde 2010 le permitió salir de una situación muy difícil, ya que era víctima de violencia de género.

“El papá de mis hijos casi me degolló y cobrar la Ciudadanía Porteña me ayudó como mujer a sacar adelante a mis hijos, a poder alimentarlos, a que tengan la panza llena”, relata. Cuando este año dejó de percibir el dinero, su angustia fue enorme: “Implicó quedarme sin comida para los chicos y volver a hacer fila en los comedores para conseguir un plato”.

Agradece que pudo reiniciar los trámites y volver a cobrarlo con el plus por sus tres hijos menores, pero ahora le preocupa volver a perderlo o que le puedan llegar a sacar una parte.

“Si el nene se enferma, primero tenés que poder conseguir que lo atiendan, y dos, que le den el alta”, explica Susana, y detalla el periplo que eso supone: “Para eso tenés que ir a hacer fila muy temprano porque dan solo cinco números en el CeSAC. Terminás recorriendo un montón de centros de salud y nada, después vas al hospital y no te dan el alta porque el chico no se atendió ahí. Así va a ser muy difícil justificar una falta”.

También hace referencia a la problemática que implica tener hijos en diferentes escuelas y lejos de su casa. “Ayer, por cuatro minutos, perdimos el micro y mi nene tuvo que faltar”, ejemplifica Susana.

“Nos pasan cosas como que al tener otro apellido no los ponen juntos en la misma escuela como hermanos. No conseguí en toda la primaria que a uno de mis hijos le cambien la vacante adonde estaban los otros. ¡Para la escuela no eran hermanos!”, cuenta, todavía sin poder creerlo. “Por ahí, todas estas dificultades no se tienen en cuenta cuando se anuncian este tipo de medidas”, resume.

Carina, Carmen y Susana son parte del grupo “Mujeres al frente”, un espacio que se armó en el comedor El Pobre de Asís, donde se reúnen desde hace algunos años para abordar la violencia de género, pero donde además comparten todas estas inquietudes.

“No porque el gobierno ahora nos lo venga a exigir significa que vamos a mandar más a los chicos a la escuela. Es nuestra responsabilidad como madres que vayan sin que nadie nos lo imponga, porque es su derecho. Es el derecho de todos los niños”, explica Carmen, y todas asienten.

También aclara que no le parece mal que se pida la escolaridad y que ella “obviamente” va a presentar todos los papeles, pero reclama del Gobierno porteño “hacer el control de otras cosas que son importantes” y menciona “tener mejores alimentos en las escuelas, que los chicos desayunen bien, que tengan buen acceso a la salud, que haya vacantes, que tengan docentes suplentes, todas herramientas básicas que necesitan nuestros hijos para tener una buena educación”.

Por todo esto y por la forma en que se anunció la medida es que Carina considera que “es una estigmatización de la pobreza nuevamente”, y agrega: “Todo dirigido a un sector de la sociedad que por supuesto tiene proyección de voto para Larreta el día de mañana y no se piensa en el impacto real”.

La situación de incertidumbre que narran estas mujeres se replica en otros barrios. Stella Maris Ferreira (64 años) vive en la zona urbanizada del Barrio 21-24, de Barracas, y describe como “imprescindible” recibir la Ciudadanía Porteña completa, porque es la única ayuda social que tiene su familia.

Stella Maris es voluntaria del comedor “Amigos del Padre Pepe”, uno de los pocos que prepara comida saludable para personas con enfermedades crónicas. Allí, a cambio de su trabajo, le dan viandas aptas para ella y su marido, que son hipertensos y diabéticos, y para su nieto que tiene anemia severa y bajo peso.

Stella Maris insiste en repetir que su familia recibe esa única ayuda y que no cobran otros planes. Además, advierte que “a la mayoría de la gente que tiene alguna asistencia no le alcanza”.

Más allá de saber que ella va a cumplir con la normativa porque sus nietos van “siempre” a la escuela, confiesa que la “asusta mucho escuchar este tipo de planteos” porque “hay muchas familias que la están pasando mal” y es mucha la incertidumbre de perder lo poco que reciben.

La escuela del más chico de la familia queda a unas 20 cuadras y al no conseguir cupo en el micro que ofrece el gobierno porteño tienen que pagar uno. “No nos queda otra. A la mañana hay que salir muy temprano, los colectivos vienen llenos y no paran, se termina haciendo muy tarde para llegar al colegio y mi marido y yo ya estamos grandes”, explica Stella Maris.

(Por Evangelina Bucari)

Fuente Télam