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Acusan a Larreta de “pararse a la derecha” con la quita de planes sociales a familias de CABA

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 Referentes de la oposición y dirigentes sociales porteños atribuyeron el anuncio del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de quitar planes sociales a las familias que no envíen a sus hijos a la escuela a la búsqueda de “posicionarse electoralmente” de cara al 2023, en un intento por “nacionalizar su figura” y “pararse a la derecha” del arco político, “presionado por la interna de Juntos por el Cambio”.

A su vez, la administración porteña justificó la medida en la necesidad de mantener a los chicos en la escuela frente a los altos índices de ausentismo y porque “es la gran igualadora social”; no obstante, la decisión, según datos a los que accedió Télam, forma parte de un listado que maneja la mesa chica larretista para generar impacto político en base a temas de coyuntura, en este caso la ayuda económica a sectores populares.

El programa Ciudadanía Porteña, que está en el inicio de esta discusión, comenzó a implementarse en 2005 y contempla la transferencia directa de ingresos a los hogares en situación de pobreza e indigencia de la Ciudad de Buenos Aires, a través de una tarjeta de compra precargada para ser utilizada en una red de comercios adheridos.

En la actualidad, alcanza a más de 40.000 hogares, en tanto que el adicional por escolaridad –al que el Gobierno porteña puso en la mira- prevé montos que van desde los $5.200 a $7.800 y abarca a unos 23.000 alumnos menores de 18 años, quienes con la de esta medida deberán tener un 85% de asistencia escolar por bimestre para no perder la ayuda social.

En diálogo con Télam, la legisladora del Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Educación del cuerpo, María Bielli, consideró que el anuncio de esta semana está vinculado “más a un objetivo electoral que tiene Larreta, de conservar cierto voto de la derecha más conservadora, que a lo que efectivamente se va a traducir en política pública”.

“Tiene que ver con posicionarse electoralmente y seguir en agenda cada vez más, dando respuesta a sectores conservadores de la sociedad, en su intento por nacionalizarse como figura de cara a las elecciones del 2023”, aseguró y agregó que la apuesta del jefe de gobierno responde “a un sentido común que se viene construyendo a nivel social respecto de para qué se usan los planes y el rol de las organizaciones, lo que es bastante peligroso”.

Respecto del programa social porteño puesto bajo la lupa, Bielli advirtió sobre una caída de la inversión en el área desde 2017, que pasó del 2,5% al 0,54% dentro del total de recursos planteados en el presupuesto local; al tiempo que criticó el estancamiento de la cantidad de hogares que acceden al plan.

“Hay más de 200.000 hogares bajo la línea de pobreza en la Ciudad, pero la cifra de 40.000 se mantiene desde hace varios años y no creció ni en pandemia, cuando el Gobierno porteño cerró con llave el ingreso mientras que desde el Gobierno nacional se construyeron herramientas para dar ingresos a los que menos tienen”, comparó.

A abril del 2022 unos 41.792 hogares recibieron el plan Ciudadanía Porteña, mientras que otros 130.538 fueron alcanzados por la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), que distribuye el Gobierno nacional en la CABA, con un monto que ronda los $800.449.000, precisaron fuentes de la administración federal.

Ambas programas son incompatibles, es decir, que las familias que perciben una de las prestaciones no pueden solicitar la restante; sin embargo, hasta esta semana coincidían respecto de la mayoría de los requisitos necesarios para acceder al adicional por escolaridad, relacionados a la acreditación de la concurrencia de los estudiantes a las escuelas y la presentación del certificado de alumno regular una vez por año.

Rafael Klejzer, director de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y referente del Movimiento Popular La Dignidad y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), criticó la decisión del Gobierno porteño de “plantear un punitivismo con el quite de los planes sociales en vez de problematizar las causas por las cuales las niñas y los niños no van a la escuela”.

“Así saca del eje la falta de vacantes y de acompañamiento estatal”, evaluó y sostuvo que la medida oficial “es algo a lo que nos tiene acostumbrado Larreta, que necesita pararse a la derecha, producto de la interna de Juntos por el Cambio”, en la que dirigentes de la alianza opositora pugnan por una candidatura presidencial con miras a las elecciones del 2023.

Para el dirigente, Larreta “está preocupado por (Patricia) Bullrich y, en función de eso, arma su gestión, pero todo lo relacionado a las auditorías a los planes sociales es muy tribunero. Creo que no tiene ningún asidero y es ilegal porque saca un derecho adquirido”.

En la misma sintonía, Walter Córdoba, referente de Somos Barrios de Pie en CABA, dijo que “el anuncio estigmatiza a los sectores populares y solo busca un rédito político”.

“Es puro marketing porque quiere meter en el debate el tema de auditar los planes sociales para capitalizar el descontento de parte de la sociedad a partir del discurso que se está instalando contra los sectores populares”, remarcó Córdoba y señaló que “es un caballito electoral” del jefe de Gobierno porteño “con miras al año que viene”.

Sin embargo, las acusaciones contra el dirigente de Juntos por el Cambio de lanzar este tipo de medidas para apuntalar su candidatura presidencial para el año próximo no impiden que la “mesa chica” de la administración porteña se reúna para analizar resoluciones “de impacto” que instalen a Larreta como una figura con proyección nacional, más allá de los límites de la CABA, según deslizaron fuentes locales.

De esos encuentros encabezados por el jefe de Gobierno, que transcurren en la sede del Ejecutivo porteño en el barrio de Parque Patricios, participan el jefe de Gabinete Felipe Miguel; el secretario de Comunicación, Federico Di Benedetto; y el de Medios, Christian Coelho, además del ministro o la ministra del área sobre la cual girarán las propuestas de medidas.

En el caso del Ciudadanía Porteña y su revisión cada dos meses según sea la presencialidad escolar, estuvieron la titular de la cartera educativa, Soledad Acuña, y su par de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, quienes coordinaron la implementación de la medida que ya está vigente desde el 1° de agosto, pero que empezará a aplicarse efectivamente desde octubre próximo, explicaron a Télam fuentes del Gobierno porteño.

“El mejor lugar en donde puede estar un chico es en la escuela, que es el gran igualador social. Por eso, trabajamos día a día para alinear incentivos entre las distintas políticas de Gobierno, y seguir construyendo una política social cada vez más eficiente y transformadora, que garantice la cobertura alimenticia y que a la vez sea un impulso verdadero a la escolarización de los chicos”, señalaron.

Y agregaron que “los chicos tienen que estar en el colegio y la política social es una herramienta para lograrlo. Con esta medida buscamos dar un nuevo paso en este camino”.

(Por Valeria Azerrat).-

Fuente Télam